El derecho a la salud es fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos como lo establece la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Posiblemente es un derecho que se viola con mayor frecuencia por omisiones que por actos.

El crecimiento del problema de la obesidad a lo largo del tiempo, con indicadores claros de su presencia y desarrollo y con graves impactos en la salud de la población, es una manifestación de que el Estado ha incumplido con su obligación de velar por este derecho, de que lo ha violado por omisión.

Existen indicadores del aumento acelerado del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana desde hace más de 15 años. La Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) de 1999 advirtió que este fenómeno ya había tomado la dimensión de epidemia por lo menos desde hace 8 años. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2006 reconoció a esta epidemia y sus consecuencias como el mayor reto de salud pública del país. Una de las consecuencias de este problema es la diabetes, que está creciendo a un ritmo de 3% anual y hoy en día es la principal causa de muerte por enfermedad degenerativa, de amputación de miembros y de ceguera por enfermedad asociada.

La comunidad internacional coincide en que la causa del sobrepeso y la obesidad, en su magnitud de epidemia, ya no radica en los malos hábitos individuales sino en la conformación de un entorno al que se le ha denominado ambiente obesigénico. Entre los elementos que se señalan como promotores de este ambiente, de manera especial entre los niños, están la publicidad de alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas y/o sal; la predominancia de éstos en las escuelas; la ausencia de campañas de alcance nacional de orientación nutricional y la carencia de programas efectivos de educación para una sana alimentación; la falta de bebederos con agua potable en escuelas y espacios públicos, además de la reducción de la actividad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Asimismo, la Ley General de Salud tiene como objetivo central garantizar ese derecho; en su artículo 1° se señala: "La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

El derecho humano a la salud se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Como lo establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Estado está obligado a cumplirlos y no puede alegar su derecho a no hacerlo.

El artículo 12 del PIDESC enuncia el derecho a la salud como "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", señalando que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. La comunidad internacional definió el concepto de salud (con la creación de la Organización Mundial de la Salud [OMS]), como "el estado de completo
bienestar físico, mental, social -no solamente la ausencia de aflicciones y enfermedades- como un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objetivo social".

El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud, debe ser garante del derecho a la salud. A partir de datos oficiales se puede asegurar que el Estado tuvo información suficiente para identificar el surgimiento del sobrepeso y la obesidad, al menos, desde hace 17 años. La Secretaría de Salud pudo haber evitado que estos problemas alcanzaran el grado de epidemia e incidencia y que han llevado a México a ocupar el segundo lugar a nivel mundial. El Estado no ha protegido ese derecho y, por lo tanto, lo ha violado por omisión al permitir actualmente que este fenómeno sea una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población mexicana.

El 30 de agosto de 1990, El Sol de México titulaba una de su notas "Se incrementa la obesidad. Hoy día más de 24 millones de mexicanos -30% de la población- padecen esta enfermedad y por tanto requieren de tratamiento"; 16 años después, en 2006, casi 70% de la población adulta presentó sobrepeso u obesidad. De 1999 a 2006, el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años aumentó 40% y la cintura de las mujeres en edad fértil aumentó 10 centímetros. Por lo anterior es evidente que el Estado omitió acciones y con ello violó el derecho de los mexicanos a la salud permitiendo el desarrollo y fortalecimiento del ambiente obesigénico. No evitó que las escuelas se convirtieran en facilitadoras de la obesidad entre las y los niños. Permitió en éstas el predominio casi absoluto de la llamada "comida chatarra" y que la actividad física descendiera significativamente. Fue así que las instituciones educativas, en lugar de contribuir a una educación alimentaria y fortalecer con ello el estado de salud de la población, se convertió en un paraíso para la comida chatarra y en un obstáculo para aquellos padres que buscan promover buenos hábitos alimenticios en sus hijos.


LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LUGAR DE CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y FORTALECER CON ELLO EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN, SE CONVIRTIERON EN UN PARAÍSO PARA LA COMIDA CHATARRA Y EN UN OBSTÁCULO PARA AQUELLOS PADRES QUE BUSCAN PROMOVER BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN SUS HIJOS.


Por otro lado, la publicidad televisiva de la comida chatarra ha invadido los hogares y se ha convertido en uno de los factores clave en el deterioro de los hábitos alimenticios. Actualmente, la televisión mexicana es la que más cantidad de anuncios de comida chatarra trasmite por hora en horario infantil comparándola con la información disponible en el ámbito internacional. Un cálculo conservador estima que en México, con un promedio de dos horas diarias de televisión, un niño terminará viendo más de 12 700 anuncios de este tipo de productos y ninguno de orientación nutricional. Esta situación se da a pesar de que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad establece que los anuncios publicitarios no deben dañar los buenos hábitos alimenticios y la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe el engaño en los mensajes dirigidos a niñas y niños. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actúa para defender a los adultos de la argucia en los anuncios comerciales pero no a la población infantil, no reconoce de manera explicita lo que la investigación científica ha comprobado: que los niños son abusados por una publicidad que se aprovecha de su "inexperiencia y credulidad". La OMS señala que gran parte de los niños menores de 8 años no distingue entre los programas y los anuncios y no entienden que el propósito del anuncio es vender. También afirma que el impacto de la publicidad en los gustos comienza entre los 3 y 5 años de edad.

Los niños y niñas se encuentran desprotegidos frente a las campañas publicitarias multimillonarias que, usando todas las herramientas posibles, determinan sus gustos. Si el Estado aplicara con rigor la ley que regula este tipo de publicidad, gran parte de los anuncios saldrían del aire. Sin embargo, ha permitido que esta situación contribuya a la generación de la epidemia de sobrepeso y obesidad.

Una problemática adicional la constituye la ausencia de campañas nacionales permanentes de orientación nutricional. Por lo anterior, gran parte de los consumidores se encuentran confundidos en relación a lo que debe ser una adecuada alimentación. El vacío de información es utilizado por los anuncios comerciales. Frente a las evidencias de los daños provocados por los alimentos procesados con altos contenidos de azúcares, grasas y/o sal, las grandes empresas han desarrollado estrategias de venta que le designan a cada producto una "cualidad excepcional" para la salud del consumidor, desde el yogurt que hace crecer a los niños o mantiene esbeltas a las mujeres, hasta el cereal que preserva la salud del corazón. Esta manera de hacer publicidad confunde a los consumidores. En ese contexto, las frutas y verduras -cuyo consumo cayó 30% en 14 años (1988- 2002)- no tienen quien las publicite con mayor fuerza ni quien destaque sus cualidades. Lo mismo ocurre con los cereales, los niños son bombardeados con publicidad de cereales compuestos por entre 30 y 40% de azúcares y el resto por harina refinada, mientras no hay nadie que destaque las cualidades de los cereales integrales (la avena, la cebada perla, el amaranto). La Secretaría de Salud ha establecido una norma oficial mexicana de orientación nutricional que podría guiar estas campañas, sin embargo, en la práctica, la norma no se aplica y continúa la promoción de los malos hábitos de consumo alimentario.

Con respecto al problema del suministro de agua potable, el Estado ha abandonado la política de brindarla en escuelas y espacios públicos, a través de bebederos. Hoy en día para saciar la sed hay que comprar el líquido embotellado a precio similar del refresco endulzado. Dada la preferencia de los niños hacia los productos endulzados (que se extiende como hábito a la mayor parte de los adultos) y ante la ausencia de bebederos, la opción son los refrescos, bebida altamente calórica. ¿Cuántos niños han dejado la costumbre de beber agua para sólo ingerir bebidas endulzadas? Esto contribuye a que México sea el segundo país en consumo de refrescos y que Coca Cola realice 12% de sus ventas en territorio nacional. El aumento en el consumo de refrescos está directamente relacionado con el aumento en el índice de sobrepeso y obesidad de la población infantil, al igual que la cantidad de publicidad televisiva de comida chatarra dirigida a niños.

De manera paralela a la responsabilidad de las instituciones de salud, educación y protección del Estado, en la violación del derecho humano a la salud de los mexicanos por omisión, está la grave responsabilidad de los legisladores federales al bloquear una y otra vez diversas iniciativas que buscaban modificar el ambiente que promueve la epidemia de sobrepeso y obesidad que se padece en México.

Las consecuencias de esta violación por omisión al derecho a la salud por parte del Estado mexicano son graves. Diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad que pudieron haberse evitado. El costo social y económico de este padecimiento ha sido generado por un Estado que no ha actuado en forma preventiva y lo pagamos todas y todos.

* Es director de El poder del Consumidor A. C., afiliada a Consumers Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Consumo. Fue miembro fundador de la oficina de Greenpeace México donde se desempeñó 5 años como director ejecutivo y 7 como coordinador de campañas. Es licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Es egresado y asociado del Programa de Altos Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de El Colegio de México.