El nuevo Código de Familia del Estado, que ayer se turnó a comisiones del Congreso, considera que ya no será necesario presentar causales para el divorcio, con la sola intención de alguna de las partes se puede realizar.

Sin embargo, contempla más exigencias y candados para la protección de la familia.

Por sus innovaciones, Yucatán sería el tercer Estado del país en incluir un apartado para combatir el síndrome de alienación parental o SAP, a fin de evitar que se ponga a los hijos contra el padre o contra la madre.

Se sugiere la figura de la tutela pública ejercida por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia sobre las niñas, niños y adolescentes que tenga bajo su reguardo y de todas aquéllas personas que las leyes así lo determinen -personas incapaces o adultos mayores-.

Esta iniciativa fue elaborada de manera conjunta por los poderes Ejecutivo y Judicial con diversas asociaciones civiles relacionadas con la materia, y se empezará a estudiar para su dictamen en la Comisión de Justicia.

El documento propone también eliminar la distinción entre la sociedad conyugal legal (el matrimonio) y la sociedad conyugal convencional (la unión libre).

El plazo para poder solicitar el divorcio que actualmente es de lo menos seis meses a partir del día de celebración del matrimonio, se propone que regrese a por lo menos un año, como estaba antes.

- El Congreso local dio entrada formal a una iniciativa de Código de Familia para el Estado de Yucatán, que pretende "establecer las bases para la protección de la familia y procurar en todo momento su desarrollo y organización".

El secretario de la Mesa Directiva del Congreso local, Omar Corzo, dio lectura a la iniciativa presentada por los poderes Ejecutivo y Judicial de la entidad, con la que se busca convertir a Yucatán en el séptimo estado en contar con una legislación especializada en la materia.

De acuerdo con Notimex, indicó que entre las novedades legales de esta propuesta está eliminar la distinción entre la sociedad conyugal legal y la sociedad conyugal convencional.

También permitirá a los progenitores, al registrar a sus descendientes y siempre que ambos estén de acuerdo, definir cuál será el orden en que colocarán los apellidos.

De igual forma, permitiría al hombre o la mujer casados reconocer, sin el consentimiento de su cónyuge, al descendiente habido antes o durante de su matrimonio con persona distinta de su cónyuge.

En este sentido, la mujer casada podrá reconocer a un descendiente habido durante su matrimonio con persona diversa a su cónyuge, acreditando con pruebas biológicas la paternidad del descendiente.

Respecto al divorcio, el plazo será de al menos un año contando a partir del día de celebración del matrimonio, el cual podrá omitirse ante la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física o moral, la dignidad, la libertad o el libre desarrollo de la sexualidad de los cónyuges o de los descendientes de ambos.

Se eliminan las causales para que se configure el divorcio necesario y se incluye el divorcio sin causales, por medio del cual uno de los cónyuges podrá solicitar el divorcio al juez, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio.

También se observa que la dispensa de edad necesaria para que las y los adolescentes puedan contraer matrimonio será otorgada por el juez de lo Familiar, y éste para resolver lo conducente deberá hacerlo atendiendo al interés superior de las y los adolescentes y tomar en cuenta su opinión.

Para el caso de la custodia y la convivencia con los descendientes, debe aplicarse el principio de igualdad entre ambos progenitores para establecer cuestiones relativas a vacaciones y días festivos.

Asimismo, onomásticos, asistencia a eventos, y relaciones de aquellos con sus progenitores y demás miembros de las familias de origen.

La iniciativa incluye la figura de la tutela pública ejercida por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, sobre las niñas, niños y adolescentes que tenga bajo su resguardo y de todas aquéllas personas que las leyes así lo determinen.

La Mesa Directiva envió la iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Social, propuesta que destaca como un código desarrollado "en conjunto por una Comisión Interinstitucional compuesta por el estado y representantes de la sociedad".